Bogotá D.C., enero 6 de 2025

El grupo de Acuerdos Fundamentales, incluyó en el PL 135 que el valor de la UPC sea establecido por un grupo técnico independiente al gobierno de turno y presentado al Consejo Nacional de Salud. La Constitución Política y la Ley Estatutaria de Salud obligan al Gobierno a destinar los recursos suficientes para garantizar el derecho fundamental a la salud.

Según la Resolución 2717 de 2024, la decisión se derivó de la mala calidad de la información aportada por las EPS; pero no tuvo en cuenta la evolución del perfil epidemiológico y demográfico de la población; el incremento del valor de las tecnologías en salud; los costos asociados al aumento del salario mínimo, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y el aumento de cobertura y acceso que pretende el gobierno.

La insuficiencia de la UPC no castigará a las EPS; su efecto más importante recaerá sobre las clínicas y los hospitales y que en el último año por la crisis actual del Sistema han cerrado 958 IPS.

Lo anterior afecta el derecho a la salud de todos los Colombianos, pero de manera prioritaria a adultos mayores y niños que utilizan más el Sistema; a gestantes y a enfermos con trastornos de salud mental, a pacientes con patologías graves o crónicas y a los que padecen enfermedades huérfanas o raras.

Acuerdos Fundamentales hace un claro, urgente y respetuoso llamado al Gobierno para que corrija de inmediato su decisión y recalcule, con base en un estudio técnico independiente, el valor de la UPC para el 2025; a la Corte Constitucional para que tome medidas cautelares inmediatas para evitar la vulneración del derecho fundamental a la salud y el derecho a la participación de los actores, académicos y expertos en la toma de decisiones esenciales para el Sistema de Salud.

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